En rueda de prensa, la Rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García-Arocha Márquez y el Secretario General y Vicerrector Administrativo (E), Amalio Belmonte, junto a representantes administrativos y gremiales se presentaron este martes 30 de mayo en la sala del Consejo Universitario para dar declaraciones sobre los acontecimientos recientes que han impedido el pago de los cestatickets.

En las declaraciones dadas, la directora de la Dirección de Asistencia y Seguridad Social de la UCV (DASS), Johanna Díaz, habló sobre la situación que viven los trabajadores del recinto en cuanto al pago de bono alimenticio, el cual aún no se ha hecho efectivo.

Díaz reiteró que la universidad no se está negando a hacer el respectivo pago; sin embargo, ha habido criterios por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto donde han efectuado cambios en cuanto a mencionado pago y que la institución considera contrario a derecho, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y las Trabajadoras.

“Se ha solicitado que estos lineamientos se hagan por escrito para nosotros tener la base que nos permita efectuar alguna modalidad de pago, pero siempre bajo el reclamo de que pueda estar ajustado a derecho que en este momento no lo está”, agregó.

Gremios presentaron su inconformidad por la ausencia del pago del bono alimenticio

Entre los representantes gremiales se encontraba la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores (SINATRAUCV), Deyanira Romero, quien pidió explicación por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) sobre este cambio, cuando nunca hubo inconveniente durante el tiempo en que el pago del beneficio alimentario era de 45 bolívares.

“Solo dan órdenes por teléfono, solo envían mensajes vía WhatsApp. Aclaramos a la comunidad que no se está negando el pago, solo queremos que el Ministerio nos aclare por qué ahora la nómina tiende a reparo”, ratificó.

Por su parte, la Secretaria General del Sindicato Nacional Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas (APUFAT-UCV), Argelia Castillo, declaró que lo sucedido con el MPPEU corresponde a la continuación de una política de destrucción de la clase obrera.

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Castillo resaltó que las entidades competentes “están vulnerando los derechos de todos los trabajadores pero más allá, están vulnerando los derechos de las familias porque el bono de alimentación influye en el entorno social”.

El presidente del Sindicato Único de Trabajadores (SUTRA-UCV), Carlos Suárez, tomó la palabra para asegurar que los derechos de los trabajadores siempre se han vulnerado, al haber cambios de recorte en sus beneficios laborales.

Ante estas medidas, enfatizó que los trabajadores universitarios no pueden “aceptar más mentiras” por parte del gobierno. “Queremos que de una vez por todas nosotros podamos tener nuestros derechos consagrados en la normativa laboral y en la Ley Orgánica del Trabajo”.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Profesores (APUCV), José Gregorio Afonso, aseveró que lo sucedido se ve como “un nuevo capítulo del instructivo ONAPRE”.

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“Es responsabilidad de la ministra para la Educación Universitaria, Sandra Oblitas, responder a la demanda de los trabajadores universitarios. El Estado tiene responsabilidades jurídicas y administrativas y el Estado es administrado por el Gobierno Nacional”.

Finalmente, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores (Sintra UCV), José Bastidas, expresó que la realidad vivida por los trabajadores universitarios es la misma que padecen todos los empleados públicos, al no serles reconocidos sus derechos.

Manifestó que constantemente quieren “ahogarlos” con la eliminación de sus prestaciones, vacaciones, utilidades. “Imaginen todo lo que nos están quitando. Y si tenemos que recuperarlo, saldremos a la calle”.