Espacio del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV “Padre Luís María Olaso”, para el abordaje de los derechos humanos desde la opinión, la reflexión, análisis y denuncia de temas centrales que afectan a la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Por. Juan Carlos Barreto (*)

Las protestas alcanzaron durante la pandemia una gran amplitud nacional. Muchas comenzaron inicialmente con demandas que tienen como causa  la subida de los precios de los alimentos y los productos básicos, la corrupción estatal generalizada, el acceso al agua potable y la interrupción de servicios básicos. A partir de la declaración de la pandemia y el estado de emergencia nacional en marzo de 2020, se observan como  los gremios de profesores, estudiantes y empleados de la Universidad Central de Venezuela (UCV), han mantenido protestas en las calles  y sedes gubernamentales, siendo la causa el rechazo a la mala gestión económica, la corrupción y la supresión de libertades que sigue aplicando el gobierno en contra de universitarios.

En este contexto de pandemia y suspensión de clases  presenciales en la UCV, los estudiante no dejan de protagonizar  movilizaciones por varios puntos de la capital del país, con el fin de mantener  público el rechazo contra de  la sentencia 0324 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, y por más de diez años pesa una amenaza sobre el principio de la autonomía universitaria y libertad académica, impidiendo por la vía judicial la posibilidad de realizar elecciones.

Durante el primer año de pandemia, el Centro para la Paz y Derechos Humanos UCV, documento la situación de conflicto social y político por parte de la comunidad universitaria UCV, registrando entre el 27 de enero de 2020 al 21 de noviembre 2020 al menos 22 protestas, de las cuales el 45 % fueron estudiantiles y 55% por gremios y sindicatos pertenecientes a esta casa de estudios.

Para el período de enero- diciembre 2021, las protestas y asambleas convocadas por los distintos sectores de la UCV, provocó en los trabajadores y profesores movilizaciones contra  el llamado unilateral del gobierno de Nicolás Maduro, por no estar dadas las condiciones de bioseguridad, exigiendo recursos económicos y físicos para las clases presenciales durante el segundo año de pandemia. Durante este año, las protestas comenzaron inicialmente con demandas relativas a la situación salarial, suspensión del servicio médico y el nombramiento de un protectorado en la UCV, cobrando mayor rechazo ante la negativa del gobierno de entregar a la UCV el presupuesto suficiente para hacer las inversiones necesarias en materia de infraestructura, transporte, becas, investigación,  salarios acordes a la profesión académica y seguridad social.

La situación de conflictividad en la UCV durante 2021, generó al menos 16 protestas de calle registradas y seis protestas bajo la  modalidad digital o ciberactivismo, alcanzando tendencia nacional en las principales redes sociales y medios públicos del país.

A estos movimientos y protestas se agregan otras dinámicas de crisis, de orígenes más directamente políticas como;la violación a la autonomía universitaria y libertad académica, la detención y criminalización contra universitarios,   el comportamiento autoritario del gobierno al no reconocer derechos económicos,sociales, culturales y laborales  causando retrocesos en derechos y acuerdos adquiridos entre le Estado y la UCV, en consecuencia,  el funcionamiento de la universidad y la violación a derechos humanos de trabajadores y familiares, la disminución del presupuesto, el  control de la nómina y el desplazamiento de competencias que soy propias de la universidad son parte de la conflictividad que no esta siendo atendida por actores de gobierno.

Para el primer trimestre del 2022, continúan las protestas en la UCV, quedando registradas ocho protestas de calle y al menos cuatro a través de redes sociales, es así como  las autoridades, gremios y trabajadores  expresan su rechazo a las nuevas tablas de incremento salarial para el sector universitario, que no mejoran las exigencias  laborales.

A estos reclamos, se suman la grave situación que afecta a la población jubilada y pensionada, víctimas de una emergencia humanitaria compleja que mantiene en una situación de vulnerabilidad a personas adultas mayores que han quedado solas, enfermas y con ingresos mensuales excepcionalmente bajos, según el informe realizado por el Centro para la Paz y Derechos Humanos, DESCA-UCV 2021, el cual determinó que la UCV tiene un 73% de profesores  con un promedio en edad de 63 años, y enfrentan limitaciones  para poder  contar con un sistema de seguridad social que les permitía acceder a algunos bienes o al menos satisfacer necesidades básicas, poder cumplir tratamientos de alto costo y tener acceso HCM  y a una alimentación balanceada.

Protestar es un componente esencial de toda democracia,involucrando derechos fundamentales como peticionar a las autoridades y expresarse en libertad. En la historia de la UCV tiene valores particulares, compartidos por una gran proporción de los universitarios en el marco de sus derechos a exigir derechos. Es tiempo que la protesta social, reinvindicativa y política sea escuchada, es un indicador del descontento. En este momento es necesario mantener la exigencia de aspectos básicos de la libertad de manifestar y del derecho a la protesta.

(*) Dir. Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV.

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