Durante rueda de prensa efectuada el pasado 10 de noviembre de 2021, el Núcleo de Decanos de la UCV, representaciones gremiales de los distintos sectores, profesores, profesionales y técnicos, obreros, y estudiantes, presentaron un comunicado en defensa de la Universidad Central.

EN DEFENSA DE LA UCV Y LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

La Universidad Central de Venezuela representada en sus sectores docente, administrativo, obrero y estudiantil suscriben el presente documento, considerando indispensable en dirigirse a la comunidad universitaria, a la nación y a la comunidad internacional con la finalidad de ratificar nuestro indoblegable compromiso de defender la Casa que vence la sombra y los derechos consagrados en la Constitución Nacional, dado que en ella se establece que, Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Apegados a la responsabilidad social que nos compete, en la formación de los profesionales que el país necesita para su desarrollo, y en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre, afirmamos que:

1) Las actividades llevadas a cabo en la Ciudad Universitaria de Caracas para su  mantenimiento mayor y  conservación constituyen una obligación del Estado Venezolano  una vez que quedó inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por representar, entre otros, una obra del arte del genio creador humano y por ser un ejemplo de un tipo de construcción arquitectónico que ilustra uno o más períodos de la historia humana. El creciente deterioro de la Ciudad Universitaria es la consecuencia natural generada por una irresponsable actuación del Estado al asignarle a nuestra institución un presupuesto que no ha respondido a las necesidades institucionales.

2) Deploramos que las actuales actividades de mantenimiento mayor que se ejecutan en la Ciudad Universitaria no hayan sido concertadas con las autoridades universitarias y contaran con el previo asesoramiento de la COPRED, como estructura responsable de la preservación del patrimonio institucional. Tal accionar contravino el principio constitucional de la Autonomía Universitaria.

3) La furtiva presencia en el recinto universitario del Presidente Nicolás Maduro y otros acompañantes, en horas de la noche, evidencian un comportamiento no acorde con la investidura que dicen representar y resultan insultantes las expresiones emitidas en relación con la institución y sus autoridades; este hecho, en su conjunto constituye un allanamiento al recinto universitario y un acto violatorio de la Constitución Nacional. Tampoco resulta fortuito que la presencia haya ocurrido en un aula de clases de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, institución responsable de formar los profesionales dedicados a la defensa del Estado de Derecho. Tal comportamiento evidencia lo que Hanna Arentd definió como la banalización del mal, acción típica de los regímenes autoritarios que responsabilizan a otros de sus propios errores, más en un país donde el Estado está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad. 

4) La supuesta designación de un protectorado para la UCV es expresión de lo mencionado y evidencia la ausencia de principios éticos en su actuación, ya que desconoce el Artículo 109 Constitucional y la Ley de Universidades.

5) La democracia y el pluralismo son elementos esenciales de la vida universitaria, en vista que el debate de ideas, el respeto y la tolerancia son elementos esenciales para la búsqueda de la verdad. En este contexto resulta inaceptable la comparación realizada entre el estado de nuestra institución y las deplorables condiciones de un extinto centro de detención de presos comunes. La sociedad venezolana y la comunidad universitaria conoce que el deterioro físico de las edificaciones de nuestra Universidad, tanto en Caracas como en el resto del territorio nacional, es responsabilidad directa del régimen de gobierno con una política de destrucción de los valores de una educación universitaria libre, democrática y autónoma; mediante el uso de lenguaje vulgar y soez para referirse a sus autoridades, decanos, profesores, dirigentes gremiales, trabajadores y estudiantes, lo cual es contrario al rol ejemplar que debe demostrar todo funcionario de alto rango en el ejecutivo nacional como ejemplo de ciudadanía y democracia, así como no asignar los recursos presupuestarios necesarios, y aprobados por la Asamblea Nacional, para las actividades académicas de docencia, investigación y extensión universitaria.

6) En nuestra historia Republicana la Casa que vence la sombra no ha sido doblegada por las pretensiones de gobierno alguno, ni puesta el servicio de un determinado proyecto político. Todo lo contrario, de su seno ha emergido la dirigencia política que ha encendido la pradera de la libertad. El 21 de noviembre de 1957 fueron los universitarios quienes dieron inicio a la gesta emancipadora que condujo al final la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Hoy como ayer tengan la certeza que responderemos desde los principios libertarios y democráticos que nos guían.

A pesar de las naturales diferencias existentes entre los sectores que conforman el mundo de la comunidad universitaria, el allanamiento institucional y la intención de someterla, nos ha unificado en la defensa de nuestra institución de 300 años de existencia, y además ha activado el sentir ucevistas. Hoy, el núcleo de Decanos de la UCV, APUCV, APUFAT, SINATRA, SINTRA, SUTRA y FCU hacemos un frente para unir esfuerzos e impulsar objetivos en común para defender a la universidad y sus valores, así como el resguardo de quienes constituyen el recurso fundamental de cualquier institución, su talento humano. Por ello, es hora de reforzar la ocupación de nuestros espacios, el encuentro de su comunidad en la universidad, emprender las acciones necesarias para rescatar los derechos constitucionales que nos están siendo conculcados: el derecho a un trabajo decente y adecuadamente remunerado que nos permita adquirir los insumos necesarios para la vida, ya que la tabla salarial impuesta constituye una transgresión constitucional. El derecho a la salud y la vida pues destruyeron todo el sistema previsional que nos amparaba y el derecho a elegir, sin intromisión del Estado, a quienes habrán de regir los destinos de la institución, los sindicatos y gremios.

En la Ciudad Universitaria a los diez días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.